Hay problemas en el sistema penitenciario del país.

En particular, en las cárceles españolas existe el grave problema de brindar atención médica calificada a personas con enfermedades graves. Según la Asociación Española de Sanidad Penitenciaria, de las 9.400 personas infectadas con hepatitis C, unas 4.000 no están recibiendo los medicamentos necesarios. También está aumentando el número de personas infectadas por el VIH y de personas con enfermedades mentales. Además, no hay médicos suficientes para los 50.000 presos que se encuentran en 72 cárceles españolas: de las 491 disponibles, solo se han seleccionado 184 plazas.

El Tribunal Supremo español toma nota del estado de emergencia de la mayoría de los centros de prisión preventiva de la Comunidad Autónoma de Madrid. Existe información sobre fondos insuficientes para su mantenimiento y reparación, así como escasez de personal. Esto afecta la seguridad: anualmente se registran más de 300 ataques de presos a guardias.

El Comité contra la Tortura ha señalado el uso excesivo de la reclusión en régimen de aislamiento, y se permite que los presos permanezcan en régimen de aislamiento durante un período máximo de 42 días.

El CPT y el Comité de Derechos Humanos han tomado nota de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas del orden durante la detención, así como del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Otra preocupación entre los órganos creados en virtud de tratados es que a menudo no se responsabiliza a los infractores. Por lo tanto, esta práctica contribuye a la formación de una cultura de impunidad entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el sistema penitenciario.